Emiliano Hernandez Camargo

Proceso de Institucionalización de los órganos autónomos

El 28 de marzo, convocados por el Secretario General de Gobierno, Ing. Héctor Vela Valenzuela, acudimos a una reunión de trabajo de los órganos constitucionales autónomos con la dependencia del Poder Ejecutivo a la que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, que señala como “…responsable de conducir la política interna del Estado y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado, los Ayuntamiento, el Gobierno Federal y los Organismos Autónomos”.

La reunión es un paso para fortalecer la comunicación y coordinación y consolidar la vinculación institucional colaborativa con el gobierno de Dr. Esteban Villegas Villarreal, que en los inicios de su gobierno ha tomado dos decisiones trascendentes. La primera, el 15 de Septiembre de 2022 en que se configura un gobierno estatal de coalición con un gabinete paritario, el primero en la historia de Durango. La segunda, el 15 de marzo de 2023, en que presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, estructurado por los duranguenses y asumido personalmente por el titular del Poder Ejecutivo, en respuesta a las demandas ciudadanas y a más de 40 mil propuestas que se hicieron en los seis foros regionales convocados por COPLADE y la Coordinación General de Gestión Gubernamental.

De gran importancia es la convocatoria que nos formuló la Secretaría General de Gobierno a esta reunión de trabajo del Poder Ejecutivo con los Organismos Constitucionales Autónomos, a los que desde la Reforma del Estado de 2013 se les reconoce autonomía plena con funciones especializadas que realizan como parte del Estado, al lado de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En el evento, en el que intervenimos seis instituciones me referí al proceso de institucionalización de los Órganos Constitucionales Autónomos. En un primer momento con la reforma del estado de 2013. A iniciativa de los Poderes Ejecutivo y Judicial y la Sexagésima Quinta Legislatura, se incorporó a la Constitución Política del Estado de Durango el Título Quinto, en el cual se precisa cuáles son las instituciones a las que se les reconoce autonomía; sus atribuciones y competencias, así como los mecanismos de control y rendición de cuentas a que están sujetos.

En 2013, se crea el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (INEVAP), que junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, son los primeros cuatro órganos constitucionales autónomos reconocidos en el Título Quinto de nuestra Constitución Política local, en que se armonizó la legislación duranguense en el artículo 134 de la Constitución General de la República, para la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos económicos, por las instancias técnicas que se establezcan a nivel federal y en las entidades federativas.

Al INEVAP se le otorgan funciones precisas en los artículos 47 y 142. Este último especifica que el instituto “Es el organismo encargado de medir y evaluar el desempeño de las políticas públicas, y de generar información para que los poderes y los gobiernos realicen un mejor diseño e implementación de sus programas y acciones”.

Un segundo momento. En octubre de 2022, a iniciativa de la actual Sexagésima Novena Legislatura se promulga una nueva Reforma de la Constitución Estatal, que constituye la consolidación del proceso de institucionalización de los Órganos Constitucionales Autónomos.

Al Título Quinto de nuestra Carta Magna Local, se agregan tres instituciones más, dotadas de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión: El tribunal de Justicia Administrativa; el Tribunal Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Este proceso de consolidación de la figura de los Órganos Constitucionales Autónomos incluye la legislación secundaria. Es el caso de la nueva Ley de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, expedida por la Sexagésima Novena Legislatura, con base en la propuesta del INEVAP.

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